Guerra en el transporte: acusan a Metropol de inflar boletos para quedarse con $30.000 millones en subsidios

El sistema de transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una crisis que ya no se limita a lo salarial o operativo y amenaza con escalar al plano judicial. Cuatro de las principales cámaras empresarias del sector denunciaron al Grupo La Nueva Metropol por una presunta estafa millonaria contra el Estado nacional, basada en la manipulación de las validaciones de la tarjeta SUBE para cobrar subsidios superiores a los que corresponderían.

Las denuncias fueron presentadas ante la Secretaría de Transporte de la Nación por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA). Las notas ingresaron los días 26 y 30 de diciembre y fueron reiteradas el 15 de enero.

Según las presentaciones administrativas, la maniobra habría provocado un perjuicio fiscal estimado en 30.000 millones de pesos, acumulado durante al menos nueve meses a lo largo de 2025.

Cómo habría funcionado la maniobra

La acusación apunta a una práctica sistemática y deliberada: registrar viajes cortos como si fueran trayectos de secciones más largas. El mecanismo permitiría a la empresa percibir subsidios estatales considerablemente mayores a los que le corresponderían por la distancia real recorrida por los pasajeros.

El esquema se apoya en la estructura de compensaciones del sistema. En un viaje corto, con una tarifa cercana a los $600, el Estado aporta alrededor de $300 en subsidios. En cambio, en los recorridos de mayor extensión, el aporte estatal puede trepar hasta los $1.100. Al falsear la sección del viaje, la empresa incrementaría de manera artificial los fondos recibidos.

Las cámaras advierten que esta práctica no solo afecta al erario público, sino que también distorsiona la distribución de recursos dentro del sector. Dado que los subsidios se pagan desde una masa común, el excedente captado por Metropol reduce los montos disponibles para el resto de las compañías.

Indicios en los datos de la SUBE

Los denunciantes sostienen que el presunto fraude puede verificarse con facilidad a partir de las estadísticas del sistema SUBE, especialmente tras la entrada en vigencia de la Resolución 45/24, que vinculó el pago de subsidios a la demanda real de pasajeros transportados.

Entre los casos señalados se destacan:

• Línea 195: caída del 18,72% en las secciones más cortas y un incremento casi idéntico del 18,73% en la séptima sección.

• Línea 448 (Sargento Cabral): una reducción del 10,23% en la primera sección compensada casi matemáticamente por aumentos en las secciones segunda a quinta.

• Otras líneas bajo sospecha: 176, 365 (General Rodríguez), 136, 163 y 182, donde se habrían detectado patrones similares.

Para las cámaras, estas variaciones no responden a cambios reales en el comportamiento de los usuarios, sino a una reconfiguración artificial de las validaciones.

La respuesta de Metropol

Desde el Grupo Metropol rechazan de plano las acusaciones y aseguran que se trata de una “vendetta comercial”. Según la empresa, el conflicto se desató luego de que anunciaran la incorporación de 150 colectivos chinos de la marca King Long, impulsados a GNC.

La compañía sostiene que los grupos tradicionales del sector, como DOTA y el Grupo Prieto, buscan bloquear la entrada de unidades más económicas. Además, atribuyen las modificaciones en las estadísticas a la corrección de la denominada “evasión gris”: pasajeros que antes declaraban trayectos más cortos para pagar menos y que ahora, aseguran, estarían registrando sus viajes reales.

Posible escalada judicial

Ante lo que consideran una respuesta insuficiente por parte de la Secretaría de Transporte, encabezada por Luis Pierrini, las cámaras empresarias no descartan avanzar con una denuncia penal. Advierten que el funcionario tiene la obligación de investigar los hechos y, de corresponder, denunciar un posible desvío de fondos públicos.

Mientras tanto, el caso amenaza con destapar una discusión de fondo: la falta de auditorías eficaces en un sistema de subsidios que mueve miles de millones de pesos mensuales y que arrastra cuestionamientos desde hace décadas.