El plan para que salgan los dólares “del colchón”: el propósito del Gobierno y los eventuales efectos en la economía
El Gobierno avanza en una nueva etapa del plan económico con cambios en el régimen de información tributaria que tiene, como objetivo principal que los dólares en poder de los ahorristas fuera de la formalidad pasen a formar parte del circuito bancario y que sean utilizados para el consumo, la inversión y/o el multiplicador del crédito.
El Poder Ejecutivo anunció un nuevo esquema de medidas económicas en dos fases: una inmediata, instrumentada por decreto, y otra que requerirá la aprobación legislativa.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. Las acciones iniciales serán implementadas por el Ministerio de Economía, el BCRA y ARCA dentro del marco jurídico vigente.
El paquete incluye la creación de un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas físicas, que reemplaza el sistema anterior. Este se basa en la facturación y en gastos deducibles, sin requerir la declaración de consumos personales ni de variaciones patrimoniales.
A partir del 1° de junio, los contribuyentes podrán optar por adherirse. El nuevo formato contempla una propuesta automática del monto a pagar, que el ciudadano podrá aceptar o modificar. La implementación se aplicará a partir del ejercicio fiscal 2025, con vencimiento en mayo de 2026. Busca reducir la carga administrativa sobre los pequeños contribuyentes, eliminando la obligación de completar formularios complejos y automatizando la carga de datos.
Dos iniciativas quedaron pendientes para la segunda fase. Una una está relacionada con nuevas regulaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de activos. La otra contempla cambios en la Ley Penal Tributaria y en la Ley de Procedimientos Tributarios.
Estas reformas pretenden otorgar garantías legales a quienes se incorporen al nuevo régimen, elevando el umbral a partir del cual se considera configurada la evasión fiscal. El monto, fijado en $1,5 millones desde 2017, se actualizaría a una cifra cercana a $100 millones, ajustado por inflación.
Simultáneamente, el equipo económico considera necesario permitir una mayor remonetización en dólares para sostener la recuperación de la actividad. Datos recientes del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec mostraron una caída de 1,8% en marzo respecto de febrero.
