“Un blanqueo encubierto”: ARBA criticó las nuevas medidas del Gobierno y dijo que seguirá controlando

El Gobierno anunció el jueves pasado lo que denomina un nuevo régimen fiscal. Con el objetivo de que los argentinos saquen los dólares guardados “debajo del colchón” y los inserten en el sistema financiero, desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminaron ciertos regímenes de información, subieron los umbrales de otros y se enviará un proyecto de ley al Congreso para “proteger a los ahorristas” de futuras administraciones. Sin embargo, desde la provincia de Buenos Aires advirtieron que seguirán fiscalizando y argumentaron que no hubo cambios legales o normativos reales que afecten a los contribuyentes y sus responsabilidades impositivas.
No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”, criticó Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Las nuevas medidas, que forman parte del denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, permiten que los contribuyentes gasten por debajo de los $50 millones por mes (equivalente a unos US$40.000) sin estar bajo el radar del fisco. “Cada persona puede gastar sus ahorros sin problemas, porque ARCA no recibe esa información y no la puede perseguir”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los fiscos provinciales ya están previendo su estrategia, mientras que el ente bonaerense ya aclaró que las medidas no les impactan. Fuentes de ARCA le confirmaron a LA NACION que “esto es adhesión personal”, al mismo tiempo que agregaron que ya se están implementando los cambios de los regímenes de información que se derogaron o se aumentaron los umbrales.
“Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubierto que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a ahorros acumulados, sino que apunta a que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo. Pero la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta. Eso deja a las y los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales”, advirtió Girard.
En ese sentido, desde ARBA explicaron que las medidas nacionales no introducen cambios en la normativa tributaria provincial ni en el funcionamiento de la agencia. En términos patrimoniales, aclararon que podría haber un impacto indirecto sobre el impuesto inmobiliario, automotor o embarcaciones deportivas, en caso de que se declare un bien no registrado previamente.
Por esa razón, ratificaron que no se produjeron cambios en los mecanismos de control, ni en las obligaciones fiscales provinciales. También agregaron que no se derivan modificaciones “sustanciales” en la estrategia de fiscalización y que los regímenes de información siguen vigentes.
“Mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto. Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente. Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar. Párrafo aparte para la responsabilidad que asumen quienes deciden no reclamar impuestos evadidos”, sumó Girard.
Para el titular de ARBA, la única medida efectiva es el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, que busca promover la inscripción de los monotributistas para que queden exentos de ciertos controles patrimoniales tradicionales. Pero aclaró que, quienes no lo hagan, seguirán sujetos al régimen general, con potenciales recategorizaciones y reclamos retroactivos por ingresos no declarados.
“Desde ARBA vamos a seguir garantizando el cumplimiento tributario con las herramientas que nos otorga la ley. Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde. Esa es la única forma de construir un sistema justo y de recaudar con equidad para sostener políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad”, cerró Girard.