Cristina: Juntos por el Cambio Marcos Paz y su versión frente al oficialismo
Frente a la declaración pública realizada por representantes del oficialismo local en Marcos Paz en repudio a la condena judicial de Cristina Fernández de Kirchner, resulta necesario expresar una visión contraria que reivindique los principios republicanos, la división de poderes y el respeto por el Estado de Derecho.
La democracia no se defiende mediante la deslegitimación sistemática del Poder Judicial, sino mediante el fortalecimiento de las instituciones. Afirmar que una sentencia judicial «pone en vilo la institucionalidad» simplemente porque afecta a una figura política con poder y popularidad constituye un acto profundamente antirrepublicano. El respeto a los fallos judiciales, incluso cuando no coinciden con las propias convicciones, es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático.
El señalamiento de que la causa contra la expresidenta está «plagada de irregularidades» y fue «armada con la conspiración de los medios hegemónicos» reproduce una narrativa sin sustento probatorio suficiente, que busca instalar la idea de un complot antes que debatir los hechos en el marco jurídico correspondiente. Las causas penales deben resolverse en los tribunales, no en actos políticos ni en declaraciones partidarias.
Asimismo, sostener que la condena responde al temor de enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner en las urnas supone una negación del principio de igualdad ante la ley. No existe en la Constitución Nacional una cláusula que exceptúe de rendir cuentas a quienes tienen apoyo popular. En una república, los líderes, por más populares que sean, deben someterse al mismo sistema de justicia que el resto de los ciudadanos.
En lugar de promover discursos de victimización o de unidad partidaria frente a una “persecución”, sería deseable que los actores políticos contribuyeran a consolidar el respeto por las instituciones y el funcionamiento de la justicia, condición indispensable para la salud democrática de la Nación.
