Financiamiento universitario: cuánto dinero le hubiera costado al Estado la ley vetada por Milei

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La oposición espera revertir en el Congreso el veto del gobierno y el oficialismo busca evitar un traspié legislativo. Los números del ajuste sobre universidades y salarios docentes.

La ley de Financiamiento Universitario vetada por el presidente Javier Milei, un día después de la masiva marcha en contra de esa decisión, tendría un costo fiscal de entre $738.595 millones y $811.569 millones en lo que resta del año.

La oposición en el Congreso espera sesionar en los próximos días para revertir el veto del gobierno y que la norma para reforzar el presupuesto de las universidades entre en vigencia. El oficialismo acelera las negociaciones con el PRO para evitar un traspié legislativo y no descarta acudir a la Justicia.

A grandes rasgos, la ley contempla una recomposición en base a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec sobre las partidas destinadas a las universidades y una actualización bimestral hacia adelante, con el descuento de los incrementos otorgados en lo que va del 2024. También propone un aumento de los salarios del personal docente y no docente para que alcancen los niveles de diciembre de 2023, en términos reales, para que luego sigan mensualmente a la inflación.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo de la ley es de $738.595 millones en lo que resta del 2024, equivalente a 0,14 puntos del PBI. En las universidades señalan que la magnitud de ese gasto es igual a un mes de superávit financiero, un tercio de lo que costaba la reforma jubilatoria que vetó Milei o una tercera parte de lo que el Estado dejará de recaudar por la reforma que benefició a quienes pagaban Bienes Personales.

El Presidente avisó en varias oportunidades que vetaría cualquier ley sancionada por el Congreso que implique un gasto que implique un gasto adicional que ponga en peligro el objetivo de sostener el equilibrio fiscal. Así lo hizo hoy a través del Decreto 879/2024 publicado en el Boletín Oficial, con la firma de todos sus ministros.

Entre los principales motivos de la decisión la Casa Rosada al señaló, entre otras cosas, que el proyecto “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos a utilizar para su financiamiento, acarrea problemas técnicos que imposibilitan su implementación ordenada, y afecta de manera tangible los objetivos de política económica fijados por el Gobierno Nacional”.

Entre los considerandos del decreto también se advirtió que la eventual “aplicación de las prescripciones del referido proyecto de ley implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000 (ochocientos once mil quinientos sesenta y nueve millones de pesos)”.

(Infobae)

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