El misterioso Caso 379 … Por el Negro Monje

  • La culpa la tiene la reciente maniobra millonaria que dicen que se estuvo haciendo en las semanas recientes: se conseguía un contacto en la Afip que autorizara la compra de dólares estadounidenses por un monto elevado. Entonces se conseguía las divisas para reubicarlas en el mercado libre de cambios aprovechando la brecha existente entre el dólar oficial y el dólar libre. Una maniobra lleva a otra, y así volvieron a circular los expedientes de la estafa 379, que en su momento involucró a algunas empresas y bancos que corrieron a frenar el escándalo, y a otros que nunca aparecieron. Entre quienes aparecieron destaca Boldt, y entre quienes no aparecieron anda Isolux, tan vinculada a Lázaro Báez, un caso que dicen que fue el origen de las desventuras de cierto famoso que hasta llegó a casarse con una modelo inquietante y, de pronto, pasó al ostracismo, igual que su Ferrari. Siempre quedó la duda de la ‘pata oficial’ para la consumación de la maniobra. Nunca se profundizó la investigación sobre el luchador que es custodio de cierto funcionario nacional y popular. Curiosidad: el luchador también utiliza una Ferrari, aunque compartida. El caso de Boldt apareció por una acusación de Ricardo Echegaray, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en medio del tiroteo por Ciccone Calcográfica. Echegaray acusó y Boldt desmintió, en carta a la Comisión Nacional de Valores, la utilización de “sellos falsos de la AFIP para imprimir documentos apócrifos”. Mala fe de Echegaray, en parte, porque él conocía el caso, que excede a Boldt porque involucra a muchos otros a quien Echegaray nunca mencionó, probablemente porque nunca pudo establecer el rol de gente vinculada a la AFIP en todo el escándalo. Echegaray dijo que le había recomendado al juez de la quiebra de Ciccone Calcográfica que le quitara a Boldt el alquiler de las máquinas de esa empresa, por sus antecedentes tributarios, que incluían “facturas apócrifas, falsificación de documentos públicos, simulación dolosa de pago y sellos falsos”. Mitad cierto y mitad falso porque hasta que Néstor Kirchner no intervino en el tema, segun cuentas quienes saben, Echegaray no le atendía a Amado Boudou sus inquietudes en el caso. Hasta entonces, además, Boldt era un aliado del Frente para la Victoria y, en definitiva, visitaba más a Néstor Kirchner que le mismísimo Héctor Magnetto. Boldt señaló que en marzo de 2011 se enteró por los medios de comunicación que la AFIP cuestionaba la cancelación de obligaciones impositivas a través del mecanismo permitido por el Decreto 379/2001, y entonces “procedió a cancelar nuevamente sus posiciones tributarias y promovió una querella criminal que quedó radicada ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 5, Secretaría N° 10 (Causa N° 4.487/11) la cual se encuentra en trámite. Probablemente fue el resultado de que la AFIP radicara una denuncia por supuesta utilización de bonos apócrifos para cancelación de obligaciones impositiva, ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 1 (causa 1.732/11). Si es cierto que los responsables del dolo siguen en libertad, nunca fueron procesados y hasta concretaron en horas recientes las maniobras cambiarias, el asunto es complejo y se entiende la documentación y las fotografías del festejo de los beneficiarios, que circulan por la City.

    Antecedentes                                                                                                                     El Decreto 379/01- Bonos del 14%, fue el régimen establecido en marzo del año 2001, que permitía el cobro, en un bono, del 14% sobre lo facturado de bienes de capital, informática y telecomunicaciones vendidos al mercado interno. El bono bono fiscal era nominativo y cedible a terceros por única vez, pudiendo ser utilizado por los beneficiarios o quienes resultaran cesionarios para abonar la totalidad de los montos de los impuestos a las Ganancias, mínima presunta, al Valor Agregado e internos. El beneficio era retroactivo al inicio de la facilidad. El Gobierno del ex presidente Fernando De la Rúa se había propuesto promover la industria nacional en el contexto de recesión y de crisis económica que precedió al default de diciembre de aquel año. Ese beneficio comenzó a regir cuando la Argentina rebajó el arancel externo común del 14% a 0% para importar bienes de capital (Resolución N° 8/2001 del Ministerio de Economía). Para atenuar el impacto interno de la medida, la industria nacional fue compensada con un bono fiscal de libre disponibilidad por el 14% del precio de venta de los equipos, que debía trasladar al consumidor final, beneficiando al compre nacional. Las firmas nacionales lograron incrementar así sus ventas. Alguna gente de la AFIP quedó bajo sospecha porque para la cesion de los bonos fisicos es necesaria la constancia de AFIP.                                                                                                      Pregunta: ¿cómo pudo ocurrir una millonaria maniobra dolosa sin conocimiento de las autoridades fiscales cuando el bono fiscal referido admitía un solo endoso para cuya operatoria instrumental era condición indefectible la acreditación por parte del beneficiario de que no registra deudas exigibles por la AFIP? Es más: otra característica esencial del régimen fue que el cumplimiento de todas las condiciones exigibles para el otorgamiento de los referidos bonos, fuese verificado por la autoridad de aplicación con anterioridad a la emisión de los mismos. Es cierto también que la denuncia original provino de la propia AFIP-DGI: la jefa interina de la Sección Penal Tributaria, María Marcela Ruíz, quien advirtió sobre la existencia de “una compleja maniobra desplegada ante la Dirección Nacional de Industria, a través del cual, con ardid o engaño, se obtuvo un beneficio fiscal, con la emisión de bonos de crédito fiscal”.                                       La denuncia de Ruíz apuntaba a un dato importante: el artículo 8° del Decreto 379/01 estableció que la autoridad de aplicación en orden al régimen de incentivo en análisis sería la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía de la Nación.

    Únicamente tenían carácter de cesionarios:

    > Las entidades bancarias públicas o privadas regidas por la Ley 21.526 de entidades financieras.

    > Las empresas que tuvieran como actividad principal alguna de las listadas en el anexo único de la Resolución N° 41 del Ministerio de Producción del 9/2/2009;

    > O bien las empresas que se encontraran en el sistema “cuentas tributarias” implementado por Resolución General N° 2463.

    En días recientes, el bono 379 volvió a escena por la queja de los fabricantes de maquinaria agrícola. El Gobierno Nacional decidió eliminar, a partir del 30/04/2012, ese bono fiscal  y, al mismo tiempo, duplicar el IVA que paga el sector de máquinaria agrícola para equipararlo en 21% al que se paga en el resto de las actividades, provocando un encarecimiento de hasta 25% en el precio final, segun se quejó la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma). En la Resolución General 2.557 se estableció una prórroga del Régimen del Bono Fiscal de Bienes de Capital, Decreto Nº 379/2001-, hasta el 30/06/12.

    Irregularidades

    Antes de que Echegaray aludiera al tema, fue bastante conocida la denuncia de Ricardo Tondo, especialista en fraudes inmobiliarios, quien apuntó a una persona de iniciales M. L., quien segun él era investigado por organismos de investigación fiscal de USA por lavado de dinero, y que administraba un Bar-Restó ubicado en la calle Juana Manso, en Puerto Madero. El asunto fue muy delicado porque Tondo apunto al secretario general de un sindicato importante en Ciudad de Buenos Aires como conexión política de M. L. De todos modos no acreditó que hubiese responsabilidad del sindicalista en la operatoria. Dicho sea de paso, ese dirigente ha caído en desgracia en la Quinta de Olivos aunque por otros motivos. Pero el escándalo rebotó en la provincia de Tucumán, donde se explicó que había ocurrido una maniobra millonaria, con “la utilización de prestanombres (algunos sin capacidad económica para prestar los servicios declarados) que no revestían calidad de contribuyentes ante la AFIP-DGI o empresas ya desaparecidas”. Una denuncia anónima puso en guardia a la Fiscalía Federal Nº 2 encabezada por el fiscal subrogante Carlos Alfredo Brito, advirtiéndose la existencia de empresas tucumanas fantasmas “armadas” para obtener los bonos del plan de fomento a la fabricación de bienes de capital, informática y telecomunicaciones del Decreto 379. Inclusive Mario Racedo, como magistrado subrogante, llegó a dictar un procesamiento. Luego asumió la getión del Juzgado Federal N°2, Fernando Poviña (h). La megacausa “Giuliano”, expediente que acumuló 16 denuncias deducidas por la Sección Penal Tributaria de la AFIP-DGI , desencadenó la investigación de 30 imputados. Racedo ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de 2 supuestos autores y coautores, y 16 partícipes necesarios del ilícito tipificado en el artículo 4 (agravado por el inciso b del artículo 15) de la Ley 24.769. Los embargos más gravosos cayeron sobre los patrimonios de Guillermo Federico Kuchar, ex candidato a senador y a legislador por el Partido de los Trabajadores, y del comerciante salteño Oscar Germán Fernández Castro. “En todas las causas materia de resolución (acumuladas en “Giuliano”) se detectó la emisión fraudulenta de sendos bonos de crédito fiscal, lo que se lograba mediante la utilización de un sujeto prestanombre -empresa apócrifa- que no reviste la calidad de verdadero contribuyente ante el Fisco”, expresó Racedo en la descripción de la supuesta maniobra. El auto consideró probado que los prestanombres suscribían documentación falsa (declaración jurada, habilitaciones municipales, certificados fiscales, etcétera) que era presentada ante la Dirección Nacional de Industria para iniciar un legajo y lograr la inscripción en el Registro de Empresas Locales Fabricantes de Bienes de Capital. A continuación, solicitaban la emisión de bonos fiscales aportando
    más documentación simulada como certificaciones contables de operaciones comerciales. “Una vez expedidos, una serie de representantes -apoderados- se presentaban ante la Dirección Nacional de Industria para retirar los bonos fiscales que, posteriormente, eran vendidos -por intermedio del Mercado de Valores- a terceras empresas que los utilizaban para cancelar impuestos nacionales”, señaló el Juzgado Federal Nº 2. Pero todo indica que hubo otra banda en acción, y otros responsables, probablemente por montos mucho más abultados, y todos en libertad, de acuerdo a las fotografías del festejo. Al respecto es la documentación que circula. Juan Carlos Monje

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